LA CUESTION DE LAS PAPELERAS

Uruguay y la Argentina son mucho más que dos países vecinos. Están unidos por una historia común. Por lazos de familia. Por costumbres comunes y, generalmente, por intereses comunes. Con razón el ex Presidente del Uruguay, Sanguinetti, ha dicho que en el mundo no existen dos pueblos que se parezcan tanto como el argentino y el uruguayo. Por eso nos duele el conflicto que se ha suscitado entre estos dos países hermanos. Un conflicto generado por los intereses de los países del primer mundo, interesados no en llevar el bienestar al Uruguay, sino en alejar de sus costas las industrias altamente contaminantes. La pobreza del Uruguay -su dificultad para generar industrias basadas en el desarrollo sustentable- y la codicia de algunos políticos, instalaron el problema originariamente. La incapacidad de los funcionarios argentinos de la CARU (Comisión Administradora del Río Uruguay) y de la Cancillería para enfrentar el problema a tiempo, así como un error de apreciación del Gobierno respecto de la importancia de la repercusión pública de la cuestión han hecho lo siguiente. Así el conflicto fue escalando -hasta el punto de que la intransigencia del gobierno uruguayo llevara a desplazar fuerzas del ejército de la R.O.U. para custodiar la planta pastera de Bosnia-. El gobierno argentino cayó en la trampa tendida por los políticos uruguayos. Si bien no aceptó la regionalización del conflicto, eligió un camino de peores consecuencias para la Argentina: la Corte Internacional de Justicia de La Haya. La Corte, más allá de las apariencias, está al servicio del poder mundial -naturalmente controlado por las primeras potencias mundiales y por lo tanto funcional a sus intereses-. Una prueba la tuvo ya el gobierno argentino con la presentación respecto de la medida cautelar. Una gran irresponsabilidad de quien le sugirió a la Cancillería que la Corte podía admitir tal medida (no había antecedentes favorables). Desde estas páginas lo vamos anticipando: la Corte, luego de varios años, se va a pronunciar con un supuesto fallo salomónico, diciendo que Uruguay y la Argentina deben acordar la manera de controlar los aspectos ambientales de la producción de las pasteras, pero, ante el hecho de que las pasteras están instaladas y en plena producción, y conforme a las normas (europeas) de preservación del medio ambiente, nada se puede hacer contra ellas. Es decir, que siguiendo la política del Banco Mundial, la Corte convalidará en los hechos la instalación de las pasteras. No hay que descartar que en el medio le ordene a la Argentina reprimir a su propio pueblo -tal como pretende el gobierno uruguayo-. No importa la voluntad de la gente, no importa el daño ambiental real, que es mucho más que el uso del agua, los aspectos turísticos de Gualeguaychú -una playa con vista a la planta humeante de Botnia- y la evidente contaminación visual. Es decir, para la Argentina, la cuestión en La Haya es una causa perdida. La ambigüedad política del gobierno argentino fue en gran parte responsable de la escalada de este conflicto. Primero, pensando que había que hacer la vista gorda al supuesto "amigo" ideológico Tabaré; luego, sosteniendo una posición totalmente juridicista, pensando que el conflicto se solucionaba descargando el problema en la Corte Internacional y finalmente impotente ante las reiteradas violaciones del Estatuto del Río Uruguay por parte del gobierno uruguayo. En medio la gente de Gualeguaychú sin solución. Abandonada a su propio destino, y utilizando el corte de rutas como único recurso. Claro está, un recurso "ilegal" porque sin lugar a dudas es ilegal cortar una ruta impidiendo la libre circulación (de eso los argentinos estamos muy cansados porque todos los días los piqueteros se adueñan de nuestro tiempo y nuestros derechos), pero esta vez podemos decir que la ilegalidad del corte de los vecinos de Gualeguaychú, no es "ilegítima", ya que nadie está protegiendo sus derechos. Entonces, el cumplimiento de la ley se transforma en una ironía porque se vuelve contra la misma finalidad que tuvo al ser sancionada. No es posible concebir que el derecho de transitar está por encima del derecho a preservar la propia existencia, la salud pública, la utilización de un recurso natural compartido, la calidad de vida. Solo nos resta recordarle al gobierno argentino que el Derecho, no es más que un instrumento del poder y que cuando no es conforme a la Justicia -ese principio metajurídico- se transforma en un instrumento de tortura y de injusticia. Reclamarle entonces al gobierno argentino, que sin olvidar el orden jurídico, haga uso de los recursos del Poder Nacional para hacerle ver al Sr. Tabaré, que la Argentina no está dispuesta a que se use de un recurso natural "compartido", es decir, del que tiene la copropiedad, sin su expreso consentimiento. El Sr. Presidente, siendo Gobernador de Santa Cruz tuvo una muy honrosa actuación en la cuestión de Lago del Desierto, oponiéndose a la posición indiferente del Gobierno del Sr. Menem, defendiendo nuestra indiscutible soberanía sobre esos territorios. Ahora, deberá recordar que el Río Uruguay es también parte de nuestra Soberanía. Lo lamentamos por el "medio pelo" argentino que se ve incomodado en sus próximas vacaciones en "Punta"; a la corte de empresarios, políticos supuestamente "serios" y periodistas que están preocupados por su próximo veraneo mientras esperan ser fotografiados por las revistas de actualidad en las playas uruguayas. A ellos le decimos: la Patria también existe. El pueblo de Gualeguaychú con su decisión lo ha demostrado.