MONTECRISTO

Está terminando el año 2006.Faltan pocas horas. El año se cierra con mucha incertidumbre en las cuestiones de seguridad. Con secuestros,-conocidos y no conocidos oficialmente-, con una sensación de impunidad que va desde los delincuentes comunes, pasando por los menores utilizados para delinquir, por la droga que envalentona hasta llegar a las sospechas que caen sobre ciertos malos policías que establecen "zonas liberadas" para el delito y se enriquecen con el producto de los secuestros extorsivos. Un nuevo testigo clave en juicio por derechos humanos "desaparecido", generando una preocupación extrema en el Gobierno, a punto tal que el propio Presidente de la Nación suspendió sus vacaciones. En medio de ello, terminó la novelita que tuvo en vilo a miles de argentinos en la tele: un mal remedo modernoso de "El Conde de Montecristo". Claro, como no podía ser de otra forma, y para ser -como venimos diciendo en estas páginas- políticamente correctos, se recurrió al ya remanido tema de los desaparecidos del gobierno militar. Esto no tendría la menor importancia, si no fuera que el argumento del mencionado culebrón fue un verdadero espejo de lo que piensan algunos y que pretenden imponerle a la sociedad toda: los derechos humanos de unos tienen un valor distinto a los derechos humanos de otros. En el culebrón de marras se destaca que "los malos" recurrieron al secuestro, a la muerte, a la supresión de identidad (todos ellos delitos que sin lugar a dudas son reprobables), pero por otra parte, el protagonista, -pretendido moderno Montecristo argentino- no escatima él también en cometer todo tipo de tropelías ilegales, sin que la juez actuante tome medida alguna con este sujeto: para consumar su venganza no duda en realizar privaciones ilegítimas de la libertad, producir torturas psicológicas, lesiones con armas, etc. y en general, predicar una moral de venganza. El Sr. Juez Oyarbide (hablando ahora de la realidad) -si el mismo que otrora se viera involucrado en el escandalo del boliche Spartacus, donde concurrían personas de dudosa moral,y en donde se produjeron hechos delictivos no suficientemente esclarecidos- acaba de declarar crimen de lesa humanidad, y por lo tanto imprescriptibles, los delitos cometidos por los integrantes de la AAA (triple A o Alianza Anticomunista Argentina) que fue una organización paramilitar de derecha surgida -según se sospecha- al amparo de algunos gabinetes oficiales en la década del '70. Sería muy saludable que también, como corresponde se declarara crímenes de lesa humanidad los delitos cometidos por las bandas de izquierda: ERP, Montoneros, Far etc. que asolaron la Argentina durante la década del '70 y que fueron responsables de miles de secuestros extorsivos, asesinatos, copamientos de unidades militares y dependencias policiales -con los homicidios correspondientes-, abuso de armas, atentados explosivos, torturas de secuestrados,robo de bancos, etc. etc. Pero parece que como es ya costumbre en los últimos tiempos, los que formaron parte de estas bandas delictivas eran "jóvenes idealistas" y no simplemente terroristas; que el único terror que se debe castigar hasta la tumba es el terror de Estado, y no el ejercido por particulares que tomaron las armas; que los derechos humanos son los de las víctimas de ideología de izquierda, pero no los de ideología de derecha y menos si vestían uniforme de las Fuerzas Armadas o de Seguridad -y aunque no lo hicieran por el solo hecho de ser parientes de algún uniformado-. Todos estos no tienen derechos humanos imprescriptibles, ni derecho a indemnización alguna por haberse tenido que ir del país por estar amenazados o simplemente haber llorado algún pariente asesinado por la guerrilla. No podemos seguir así. Con una "Justicia" pretendidamente miope y acomodada a los gustos políticos del Poder Ejecutivo. De lo contrario, lo que tenemos es la consumación de la venganza de unos sobre otros y no el ejercicio de la Justicia, que es el bien al que aspiran las verdaderas comunidades civilizadas. Sin reconciliación verdadera no habrá nunca auténtica paz. No es posible seguir mirando al pasado sin cerrar las heridas. La Justicia exige que sea toda la Justicia y no una Justicia parcial. Ojalá que pronto veamos una reacción que permita tener equilibrio en estos aspectos y que todos los responsables sean juzgados, siempre y cuando deban ser juzgados. Porque también el Congreso de la Nación que oportunamente sancionó las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, luego las declaró nulas. Claro, nadie aclaró suficientemente que para que un acto jurídico sea declarado nulo, deben concurrir vicios insalvables en su gestación, tanto en lo que hace a la voluntad (error, dolo, violencia, intimidación, fraude, simulación) o en los requisitos formales que exigen las normas. Pero parece que ninguno de esos vicios afectaban la sanción de las normas en cuestión. Que muchos de los que sancionaron dichas leyes luego estaban no por su derogación sino por su anulación -una vez más conforme a estar políticamente correctos de acuerdo a la hora-. Y cuando no alcanzaba tal circunstancia para reabrir causas, algunos jueces se atrevieron a sostener disparates jurídicos tales como la inconstitucionalidad de los indultos (cuando esta es una facultad exclusiva y excluyente del Presidente de la Nación), y dejaron convenientemente en el olvido algunos principios jurídicos de Derecho Penal y de raigambre constitucional, que son la base del Estado de Derecho, tales como el principio "non bis in idem" (no se puede juzgar dos veces por el mismo delito), o "in dubio pro reo" (en la duda a favor del acusado),o el de la aplicación de la "ley penal más benigna", (que en este caso era la extinción de la pena por la vía del indulto otorgado). En definitiva, que la Justicia sea la Justicia, y no el mero instrumento del poder político de turno, esa es la única garantía para vivir en LIBERTAD. Un buen año 2007 para todos, es el deseo de PAMPA BRAVA.